Nuestra constitución no establece el número de Ministros de la CSJN sino que lo delega al dictado de una ley del Congreso. Desde 1860, su composición ha sido, en algunos períodos de nueve y en otros de cinco miembros. Una futura y necesaria reforma constitucional deberá consignar su composición para evitar las especulaciones partidarias y fundamentalmente la pretensión de indemnidad de algunos sectores.
Recientemente, el presidente de la República y un conjunto de 13 gobernadores provinciales que participan del mismo frente electoral que el mandatario, han impulsado un proyecto de ampliación a veinticinco miembros, argumentando cuestiones de genero; el alivio que representaría para los cientos de expedientes demorados "sine die" y la adopción de posturas federalistas.
Las cuestiones de genero están presentes actualmente en el Decreto 222/03 que expresamente hace referencia a dicha representación. Frente a la renuncia de la Ministro Elena Highton de Nolasco quien debería ser reemplazada por otra mujer, no ha recibido propuesta alguna el Senado y la demora es responsabilidad exclusiva del actual Presidente de la Nación. El "alivio" en las tareas actualmente a estudio de la CSJN no es factor científico ni comprobado habida cuenta que el Presidente Menem amplió su composición a nueve miembros y no hubo durante ese período una dinámica diferente a la actual. Sin lugar a dudas, la ampliación fundada en la representación federal de las 23 provincias con más la ciudad Autónoma de Buenos Aires y una designación a cargo del gobierno nacional, es el argumento que el oficialismo ensaya, partiendo de una generalizada percepción sobre la politización de los jueces y su insuficiente independencia.
No es casual que la ofensiva haya sido consecuencia del reciente fallo de la CSJN declarando la inconstitucionalidad de la última ley sobre el Consejo de la Magistratura, la proximidad del dictado de sentencias que pondrían fin a procesos de denuncias de corrupción de funcionarios que actualmente están en ejercicio público y la posibilidad que la CSJN corrija y en consecuencia revierta la reducción de fondos de coparticipación de la ciudad Autónoma de Buenos Aires por imperio de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo actual.
Hemos advertido desde siempre la incoherencia argumentativa de la actual Vice Presidente Cristina Fernandez: Argumentó siendo senadora de la Nación, durante la Presidencia de Carlos Menem, a favor de reducir la composición de nueve miembros a cinco y ahora ha declarado su beneplácito por la ampliación; se opuso al dictado de decretos de necesidad y urgencia y como convencional constituyente votó en favor del art.99 inciso 3 de la C.Nacional para transformarse, tiempo después, en uno de los mandatarios con más DNU promulgados durante su mandato presidencial; modificó la ley reglamentando el Consejo de la Magistratura, declarada inconstitucional por la CSJN
La idea de federalizar la CSJN con representación de todas las provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires no resiste argumento constitucional en tanto la representación de las autonomías provinciales se expresa en el acuerdo que el Senado debe prestar a la propuesta y designación de los Ministros de la CSJN por arte del Presidente de la República.
La actual composición de la Corte, de por sí, es federal: la integran dos nativos santafecinos; otro de Córdoba y un cuarto con residencia en Buenos Aires pero nativo de la provincia de Corrientes.
La propuesta del Presidente de la Nación y los gobernadores que integran su frente electoral es grotesca. A lo expuesto se le suma la iniciativa del Senador Parrilli que avergüenza la provincia que representa, quien propone organizar una consulta popular sobre la ampliación de la CSJN en una coyuntura política institucional critica, conducta que delata su propia insensatez e irracionalidad.
Rosario, 6 de Junio de 2022.
Dr. RICARDO ALEJANDRO TERRILE SIERRA.
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