DECRETO 79/2017: REGLAMENTO GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PEN

La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través de sus artículos 1°, 33, 41, 42 y concordantes y del artículo 75 inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales.

Por su parte, la Ley N° 27.275 tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, basándose en los principios de igualdad, celeridad procesal, transparencia y máxima divulgación, entre otros. La mencionada ley introduce nuevos criterios respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que implican un avance en comparación con el REGLAMENTO GENERAL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL PODER EJECUTIVO NACIONAL (Decreto N° 1172 del 3 de diciembre de 2003)

El Decreto en análisis, es una herramienta para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, estableciendo un marco general para su desenvolvimiento. En tal sentido, su artículo 2º dispone que son sujetos obligados a brindar información pública en el marco del presente reglamento:

a) La Administración Pública Nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;

b) Las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;

c) Las empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero sólo en lo referido a la participación estatal;

d) Concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público, en la medida en que cumplan servicios públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o modalidad contractual;

e) Instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional;

f) Fideicomisos que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional;

g) Los entes cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios que tengan por objeto la cooperación técnica o financiera con organismos estatales;

h) El Banco Central de la República Argentina;

i) Los entes interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación;

j) Los concesionarios, explotadores, administradores y operadores de juegos de azar, destreza y apuesta, debidamente autorizados por autoridad competente.”

¿Que implica el "acceso a la información pública? El artículo 5º dispone  que el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados.

Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados del artículo 3° del presente reglamento y debe ser brindada en el estado en el que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligados a procesarla o clasificarla.

Es importante destacar el "significado de las palabras" que el propio decreto traza: Se entiende por:

a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;

b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial.”

El artículo 4º del Decreto que sustituye el artículo 7º del anterior reglamento general, refiere a los "Principios". Al respecto señala que el mecanismo de Acceso a la Información Pública debe garantizar el respeto de los principios de: presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe.”

El procedimiento adoptado se establece en el artículo 5º del Decreto, que sustituye al artículo 12 del mencionado Reglamento General de Acceso a la Información Publica: "La solicitud de información debe ser presentada ante el sujeto obligado que la posea o se presuma que la posee, quien la remitirá al responsable de acceso a la información pública. La solicitud podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos y sin ninguna formalidad a excepción de la identidad del solicitante, la identificación clara de la información que se solicita y los datos de contacto del solicitante, a los fines de enviarle la información solicitada o anunciarle que está disponible. El sujeto que recibiere la solicitud de información le entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite. Si la solicitud se refiere a información pública que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá, dentro del plazo improrrogable de CINCO (5) días, computado desde la presentación a quien la posea, e informará de esta circunstancia al solicitante. Toda solicitud de información pública requerida en los términos del presente debe ser satisfecha en un plazo no mayor de QUINCE (15) días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros QUINCE (15) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el sujeto requerido debe comunicar fehacientemente por acto fundado y antes del vencimiento las razones por las que hace uso de tal prórroga.”

El decreto establece excepciones a su acceso. Ello esta dispuesto por el artículo 6º del Decreto que sustituye al artículo 16 del Reglamento General: Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:

a) información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior;

b) información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;

c) secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado;

d) información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial;

e) información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos;

f) información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparada por terceros para ser utilizada por aquellos y que se refieran a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de su funcionamiento;

g) información preparada por asesores jurídicos o abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso;

h) información protegida por el secreto profesional;

i) información que contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias;

j) información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona;

k) información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales;

l) información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación;

m) información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.”

Rosario, 31 de Enero de 2017. Dr. Ricardo Alejandro Terrile

LOS NUEVOS CRITERIOS EN LA EVALUACION DE LA MATERIA

Comienza un nuevo año. Es momento oportuno para incorporar la experiencia que hemos cosechado durante el 2016 en la que la materia Derecho Constitucional, se ha "trasladado" a primer año como consecuencia del nuevo plan de estudios.
Vamos a procurar la oralidad en las clases regulares y en las evaluaciones anuales; evitar los monólogos, provocar al alumno con preguntas que tengan directa incidencia con la realidad que nos circunda y sostiene todos los días y fundar los dichos en jurisprudencia y doctrina.
La lectura de la realidad social e institucional devendrá inevitable. La prueba examinadora deberá planificarse como oral. Si se adopta, en la coyuntura, la modalidad "escrita", vamos a modificar los criterios elaborados hasta el presente en la que se interrogaba al alumno sobre doctrina exclusivamente. Durante 2017, se formalizarán preguntas que colaboren con la aplicación práctica de los conocimientos a los hechos reales expuestos.
Vale un ejemplo: "El Diputado Nacional Juan Alberto Perez Gonzalez ha interpuesto en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados, una "cuestión de privilegio" contra un colega, en el entendimiento que ha sido afectado su buen nombre y honor al decir, éste último, en un medio televisivo (TN) que "Juan Alberto Perez Gonzalez es el típico diputado gestor que utiliza su función y cargo para sobornar a jueces corruptos...". La moción es votada y se decide que la denuncia pase a comisión de Asuntos Constitucionales. Usted es asesor de la citada comisión. Elabore un dictamen para su Presidente fundando la procedencia o no de la "cuestión de privilegio".
La respuesta implica partir de una premisa: Nunca existen dictámenes unívocos como tampoco existen un único modo de dictar sentencia. El asesor o el Juez , en su caso, eligen un criterio de innumerables alternativas que genera la interpretación del caso y éste debe estar fundado en principios constitucionales. ¡¡¡¡BIENVENIDOS AL CURSO 2017!!!l
Cordialmente, Profesor Ricardo Alejandro Terrile

EL LAICISMO EN LA INTERPRETACION DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS

El tribunal considera que el interés público de la escolarización está por encima del privado

Es relevante el fallo que se transcribe a continuación por el cual el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el "interés público" de la escolarización colabora con la integración y en consecuencia esta por encima del interés privado. Abordaremos el tema en nuestras clases, analizando el laicismo y su partiåcular interpretación en Europa enmarcada por la influencia de diferentes credos:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos cree que el derecho a recibir clases de natación prevalece sobre las convicciones religiosas. Esta institución, que juzga posibles violaciones de los derechos humanos en 47 países europeos, ha fallado este martes en contra de un matrimonio musulmán que se negó a que sus hijas fueran a clases mixtas de natación. El tribunal con sede en Estrasburgo ha considerado que el derecho de todos los niños a gozar de una escolarización completa y que permita la integración social prima sobre las prácticas religiosas.

El caso se originó cuando la pareja con doble nacionalidad suiza y turca, residente en Basilea, se opuso a los cursos de natación obligatorios para sus hijas, nacidas en 1999 y 2001. El colegio informó en 2008 a la familia de que los cursos eran obligatorios e incluso intentó mediar con alternativas. La dirección ofreció a los padres que las niñas llevaran burkini, un bañador que cubre todo el cuerpo y la cabeza, y también que pudieran desvestirse en salas separadas de los chicos, pero los padres mantuvieron su negativa. Ante la falta de acuerdo, las autoridades aplicaron en 2010 a los padres una multa total de casi 1.300 euros, por “incumplimiento de responsabilidades parentales”.

La sentencia recoge con claridad el choque entre unos padres “fervientes practicantes de la religión musulmana” y unas autoridades que deben garantizar la igualdad de oportunidades entre los escolares. La familia rechazó la asistencia de sus hijas a las clases antes de comenzar la adolescencia, momento en que el sistema escolar suizo ya ofrece clases separadas entre chicos y chicas. Los progenitores alegaron que, “incluso aunque el Corán solo obliga a cubrir el cuerpo de la mujer a partir de la pubertad, sus creencias les indicaban que debían preparar a sus hijas para los preceptos que les serían aplicados a partir de la pubertad”, según el texto legal.

Religión versus integración

La pareja litigó ante los tribunales suizos y en todos los casos sus demandas fueron rechazadas porque “el derecho de los interesados a la libertad de conciencia y de creencia no había sido vulnerado”. En abril de 2012, el caso llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo, que sí admite una “injerencia en la libertad religiosa”, como alegaba la familia, pero la considera proporcionada para proteger a los alumnos contra la exclusión social. La corte da así la razón a Suiza y considera que la multa es proporcionada.

La Sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo, presidida por el juez español Luis López Guerra, considera que el interés público debe prevalecer sobre el privado. “El interés de los niños por una escolarización completa, que permita alcanzar una integración social según las costumbres y las costumbres locales, prima sobre el deseo de los padres de ver a sus hijas eximidas de los cursos mixtos de natación”, ha expresado el fallo.

No es la primera controversia legal que se da por la asistencia de niñas musulmanas a clases de natación. En 2013, en Alemania, la negativa de unos padres a enviar a sus hijas a cursos mixtos terminó en un juicio en el que el máximo tribunal del país sentenció que ser musulmana no exonera a las chicas de su deber de participar en dicha actividad.