LAS SESIONES PRESENCIALES, UN IMPERATIVO INSTITUCIONAL

Estamos asistiendo a un retroceso del PBI, en el mundo, del 4,9%, que constituye la crisis más grande del planeta. Nuestro país supera con creces dicho promedio. El Fondo Monetario Internacional, autor del referido índice, evalúa en más de 12 billones de dólares la pérdida acumulada por la economía mundial en 2020-2021 por culpa de la pandemia. Una cifra equivalente al PBI de China. Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), la pandemia destruirá 200 millones de empleos y reducirá los ingresos de por lo menos 2.000 millones de personas. En particular las clases medias, barridas por el teletrabajo, los obreros por el cierre de fabricas y los pequeños empresarios sacudidos por el cierre de sus emprendimientos

Jacques Attali, filosofo francés, ha señalado que algunos dirigentes han sido incapaces de comprender que la pandemia provocaría una grave crisis política, social, moral e ideológica: “En cuatro meses hemos visto desaparecer los ritos funerarios que dan sentido a la vida y a la transmisión; proliferar todos los complotismos e insultos; una exacerbación de todos los racismos y xenofobias; la agravación de violencias familiares e institucionales , actos pedófilos y agresiones contra los más débiles. Terminamos por descubrir una sociedad de la soledad, que deja crecer la pobreza y la desigualdad…”

Frente a tamaña coyuntura, conscientes que la pandemia económica golpea cada vez más fuerte nuestra puerta, algunos ciudadanos, insisten en mantenerse en posturas irrazonables, imaginando que son parte inescindible de la contradicción fundamental, sin percibir (nos cuesta presumnir lo contrario)que no existe formula superadora que excluya o desplace al otro. Es inevitable impulsar un “Contrato Constitucional” al decir de John Rawls, en el cual los actores propongan “cuestiones abarcativas razonables”.

Esta semana, el Senado de la Nación Argentina, nos demostró a todos los argentinos, en forma descarnada, que se torna imposible las sesiones remotas y que es imperioso insistir y recuperar las sesiones presenciales: En oportunidad de debatirse la creación de una comisión bicameral que investigue la situación de la empresa Vicentín, en el marco del artículo 68 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, nuestra Vicepresidente, en su condición de Presidente del Honorable Senado, dispuso aprobar la creación de la comisión bicameral sin contar con los 2/3 de los votos de los señores senadores.  El Senador Luis Naidenoff, jefe del bloque opositor, solicitó la palabra para dejar asentado la impugnación por ilegal, su aprobación y la Señora Cristina Fernandez de Kirchner, como toda respuesta, mandó a callar los micrófonos.

La Constitución Nacional deposita en los respectivos reglamentos de las Cámaras del Congreso, el gobierno de los cuerpos legislativos. El artículo 68 del Reglamento del Senado de la Nación, dispone: “Para la creación de comisiones especiales, especiales mixtas, bicamerales, bicamerales mixtas e investigadoras se requiere el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes de la Cámara”; ello significa que para su aprobación, el bloque oficialista necesitaba a la oposición, porque son 48 los votos necesarios para conseguir los dos tercios. La aprobación de ese proyecto, solo obtuvo 41 votos. No se puede confiar en una presidente del cuerpo que enciende o apaga el sistema de videoconferencias según su conveniencia personal.

Es importante señalar que la Presidente del Senado, conforme a nuestro texto constitucional, no es legisladora, no vota, excepto en caso de empate (Recordar “Cobos”); en consecuencia, no presenta proyectos legislativos, no puede sentarse en una banca del Senado a convalidar, atacar, fundamentar u opinar sobre proyecto alguno y su salario ( no es dieta) deviene de las partidas del Poder Ejecutivo.

La inexplicable sumisión de los senadores oficialistas y la conducta de nuestra Vicepresidente deben agudizar nuestra atención. El parlamento tiene que funcionar. Vivimos, aún en plena pandemia, en una república. Ello implica, entre otros requisitos, división de poderes, independencia de todos ellos y fecundo diálogo.

La pandemia y la economía nos han sumido en una crisis fantástica. Necesitamos funcionarios probos y responsables en el Poder Ejecutivo que no alienten grieta alguna; un Poder Judicial vigoroso que practique adecuado control de constitucionalidad y convencionalidad y el imperioso funcionamiento del Congreso de la Nación y para ello, se torna imperioso que los legisladores concurran presencialmente al recinto. Debemos demostrar, a la sociedad, que los partidos políticos y nuestros mandatarios (legisladores) están a la altura de los acontecimientos; que en el actual coyuntura, el parlamento garantiza todos los debates que se necesiten para resolver el tratamiento de la pandemia, su aislamiento social y la crisis instalada. No existe confianza en las sesiones remotas. No es una afirmación caprichosa ni arbitraria. Las actitudes complacientes de legisladores oficialistas en transgredir sin pudor alguno los reglamentos del cuerpo; el hecho que los Diputados se imponga de debates sobre proyectos atemporales; el hecho que desde hace seis meses el Presidente de la República siga administrando el país por DNU o por delegación legislativa tácita del Congreso; que el Jefe de Gabinete después de seis meses concurrió por primera vez al Congreso (Al Senado) a cumplir imperativos constitucionales que debería haber efectuado a partir de la inauguración de las sesiones ordinarias el 1º de Marzo (art.100 C.Nacional) nos rebela.

Los ciudadanos exhortamos a los legisladores que concurran al recinto del Congreso a cumplir sus mandatos institucionales. Aquel legislador que se inhiba, invocando ser “sujeto de riesgo”, que renuncie. Vendrán otros. Es necesario salirse del “estado de confort” ¿Cómo es posible consentir tamaña pasividad política de nuestros legisladores cuando muchos de nosotros en plena dictadura, no dudábamos en actuar en plena clandestinidad en favor de la institucionalidad? Es preciso decirlo ahora.

Los intentos del oficialismo no se limitan a lo expuesto precedentemente: En el tratamiento del pliego de Sergio Uribarri como embajador en Israel (que no necesitaba de los dos tercios, pero que era cuestionado por la oposición) logró 44 votos. Estaba entonces a solo cuatro votos de los dos tercios; el tratamiento sobre tablas de la ley de alquileres necesitaba los dos tercios. Consiguió solo 42. La diferencia se amplió a seis. La aprobación de la comisión investigadora de Vicentin tuvo 41 votos. La diferencia ya es de siete votos, que se parecen a un abismo. A Rafecas le guarda la eternidad si su cargo de procurador general depende de algunos senadores republicanos y democráticos que se resisten a bajar la cabeza complaciente ante el atropello del oficialismo.

Quienes hemos contribuido al fortalecimiento de la república, el sistema democrático, la consolidación de la representación política; con los valores éticos que nos legitima, exhortamos a los legisladores a concurrir al recinto del Congreso de la Nación, en forma presencial para participar activamente en las comisiones y sesiones plenarias del Congreso asegurando los mecanismos de control del sistema republicano y democrático; denunciando en los medios de comunicación la desconfianza que le ha significado a la Nación conductas como las asumidas por la Presidente del Senado de la Nación y la inexplicable sumisión de los senadores oficialistas avalando la ilegalidad.